Ciudadanos se posiciona en contra de una remunicipalización que considera "injustificada"

Juan Manuel Pérez Dorao: "el dato de los 300.000 euros de ahorro no está acreditado. No se tienen en cuenta circunstancias como, por ejemplo, la inmediata negociación del convenio colectivo de limpieza de la arena o la necesidad de reforzar la estructura directiva de la sociedad Cádiz 2000"
OCádizDigital
11/01/2017
Cádiz
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El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha cuestionado en la reunión de la comisión de estudio de remunicipalización de los servicios municipales de playas la posibilidad de que el expediente pueda incurrir en fraude de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y ha pedido que se solicite un informe previo al Ministerio de Hacienda, ya que esta Ley prohíbe la formación de nuevas entidades y unidades administrativas y, además, limita la tasa de reposición de personal. 

El portavoz de Ciudadanos ha puesto sobre la mesa preguntas concretas sobre asuntos que afectan a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera como, por ejemplos, "si se han valorado las circunstancias particulares de cada convenio colectivo en materia de mejoras o premios; si se han tenido en cuenta el vencimiento de los convenios colectivos, alguno ya vencido como el de limpieza de arena; si se ha estudiado la antigüedad de los trabajadores a los efectos de calcular las contingencias económicas en caso de despido; si se ha considerado que deberá reforzarse la estructura de dirección de Cádiz 2.000 con el consiguiente coste; o si se cuenta con garantía para la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el pago de salarios". 

Por otro lado, Pérez Dorao ha destacado que "el procedimiento de remunicipalización que platea el Equipo de Gobierno resulta incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas. Si se hace tal y como plantea el Equipo de Gobierno, mediante subrogación del personal, sería entrar por la puerta de atrás".

Desde el punto de vista jurídico y económico, Pérez Dorao, ha explicado que "Aguas de Cádiz ha rechazado hacerse cargo de estos servicios por el conflicto laboral que le supondría a la empresa gestionar dos convenios colectivos diferentes y el desajuste económico que traería consigo equiparar los salarios de los nuevos trabajadores. Este es el motivo por el que se propone la Sociedad Cádiz 2.000, que no está diseñada realmente para este cometido, y que obligaría a cambiar el objeto social de ambas compañías". 

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