El presidente de la Audiencia Provincial ha señalado que Cádiz "ostenta un dudoso récord entre las provincias de España en viviendas ilegales, sólo superada por Almería"

El Congreso de la Abogacía Gaditana debate sobre delitos urbanísticos o asistencia a detenidos
Europa Press
21/04/2018
Cádiz

Delitos urbanísticos, asistencia a detenidos, contratación pública, la privacidad de los trabajadores respecto a los medios tecnológicos o el Derecho de los Consumidores han sido algunos de los temas tratados en la segunda jornada del I Congreso de la Abogacía Gaditana.

Así, la jornada comenzó con la ponencia de Derecho Civil y Derecho de la Unión Europea, bajo el título 'El ejercicio del derecho de la defensa de los consumidores desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea', llevada a cabo por Eugenio Ribón Seisdedos, que puso sobre la mesa las diferentes condiciones de consumidor, la defensa del consumidor a nivel comunitario, con Europa como la gran impulsora de esta defensa, o el Reglamento Europeo de la Protección de Datos, que "dará muchas alas a la defensa del consumidor".

El presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, fue el encargado de abordar los delitos urbanísticos, señalando el inicio del delito urbanístico como producto de una administración permisiva y que no ejerce control. Igualmente, apunto a la especulación y la corrupción como elementos destructores del Urbanismo y señaló a la provincia de Cádiz, "que en viviendas ilegales ostenta un dudoso récord en España, sólo superada por Almería".

La polémica de la demolición de viviendas ilegales, su impopularidad, su coste político, ha provocado, a juicio de Estrella, que quienes deben aplicar la disciplina urbanística, los ayuntamientos, no lo hacen, pasando la pelota a los legisladores. En este sentido, el presidente de la Audiencia lanzó la proposición de que la disciplina urbanística se gestione desde un ente lo más alejado posible del pueblo.

En cuanto al Derecho Laboral-Derecho Constitucional, la abogada Carmen Cumbre realizó una ponencia bajo el título, 'Control del empresario a través de los medios tecnológicos y la privacidad del trabajador. Doctrina Constitucional', ya que el uso de las tecnologías por parte de los trabajadores genera un conflicto entre ellos y la dirección en referencias a la intimidad.

Cumbre puso sobre la mesa los beneficios de la tecnología en las empresas en contraposición al modo de control que estas suponen del trabajador, por ejemplo las cámaras de videovigilancia.

'Las habilidades del abogado en el nuevo mundo digital' fue la ponencia realizada por Laura Fauqueur, directora de marketing en el Instituto de Innovación Legal, que habló de cómo situaciones indeseables actuales, como la corrupción, están afectando en perjuicio de la Justicia, por lo que reseñó la necesidad de que el abogado sea "un superabogado, más transparente y más conectado".

En cuanto al Derecho Administrativo, la ponencia titulada 'Introducción a la nueva ley de contratos del sector público', pronunciada por Antonio Fernández Mallol, abordó la importancia de la contratación pública en diferentes ámbitos, "un importante flujo de distribución de la riqueza".

La última ponencia del I Congreso de la Abogacía Gaditana fue la 'Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a las actuaciones policiales en la asistencia letrada al detenido', por parte del juez José de la Mata Amaya, que terminó refundiéndose con la Mesa Redonda 'Derecho de Defensa en la asistencia al detenido', con la participación de Ángel Núñez, Nicolás Marchal y Felipe Meléndez.

De la Mata hizo referencia a las novedades en cuanto a la interpretación por parte del Tribunal Constitucional del derecho de un fugado a comparecer en un procedimiento penal, así como al alcance del derecho del detenido a acceder a las actuaciones para conocer las razones por las que se le ha privado de libertad y poder, en consecuencia, impugnarlas. Igualmente detalló los contenidos de los atestados a los que se puede acceder.

Por su parte, el fiscal Ángel Núñez defendió el derecho a las actuaciones en sede policial, reconocido por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, indicando que es preciso "un cambio de chip" en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

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